Los trabajadores argentinos cuentan con un ordenamiento jurídico que los protege en caso de accidentes laborales. Cómo funciona dicho sistema y quiénes están obligados a formar parte del mismo.
La legislación argentina cuenta con dos leyes que establecen las cuestiones referidas a la salud y la seguridad de los trabajadores en sus puestos de trabajo. El objetivo de contar con este tipo de ordenamientos es, principalmente, reducir la cantidad de accidentes de trabajo que puedan ocasionar daños en la salud de los trabajadores, así como incapacidades temporarias o permanentes.
La aplicación de estas normas alcanza a funcionarios y empleados del sector público nacional, provincial y municipal; a todos los trabajadores en relación de dependencia dentro del sector privado y a las personas que estén obligadas a prestar un servicio de carga pública. En conjunto, las mencionadas leyes, que son la N° 19.587 y 24.557, conforman lo que se conoce como “Sistema de Riesgo de Trabajo”.
“El sistema de riesgo de trabajo está determinado por la ley 24.557 y tiene dos objetivos principales. Por un lado, prevenir los accidentes laborales. Por el otro, reparar el daño en caso de que ocurran accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El trasfondo de esta ley es garantizar el derecho humano amparado en la Constitución a trabajar de manera segura”, sostiene la abogada Gabriela Orgas.
En este contexto, entonces, es que se puede determinar cuál es la principal diferencia entre riesgo de trabajo, que es el sistema que busca prevenir y evitar que los trabajadores sufran daños, y la indemnización por accidente laboral, que es el modo establecido por la ley para que, en caso de que un trabajador sufra daños, sea reparado.
En Argentina, según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), hay 10 millones de trabajadores cubiertos por el sistema de riesgos de trabajo.
¿Cómo funciona el sistema de riesgos de trabajo?
Las ART son empresas privadas que los empleadores contratan para recibir asesoramiento en medidas de prevención y para reparar los daños en casos de accidentes de trabajo o enfermedades de origen laboral. Estas ART, a su vez, están controladas por un organismo del Estado Nacional con carácter autárquico que es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Lo que este sistema garantiza es que tanto empleadores como trabajadores queden comprendidos formalmente en el ámbito de la ley de Riesgos del Trabajo.
¿Qué se considera accidente de trabajo?
Para que un accidente sea laboral debe cumplir determinadas características. La primera de ellas es que ocurra mientras se realiza una actividad laboral o en ocasión de trabajo, por ejemplo, en el trayecto entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo.
En caso de que un hecho que pusiera en riesgo la salud del trabajador ocurriera, el empleador es quien está obligado a denunciarlo ante la ART a la que se encuentre afiliado. La ART, por su parte, será la responsable de dar cobertura y tratamiento médico al trabajador, así como de cubrir todos los gastos en los que debe incurrir a causa de dicho accidente.
Los accidentes son hechos súbitos e imprevistos, pero no son las únicas consecuencias frente a las cuales el sistema de riesgo de trabajo debe responder, tanto desde la prevención como desde la reparación. Las enfermedades laborales también forman parte de este sistema y son aquellas que se encuentran incluidas en el listado de enfermedades profesionales comprendidas en el Decreto 658/96.
¿Cuándo corresponde una indemnización por accidente laboral?
La indemnización por accidente laboral corresponde cuando se produce incapacidad laboral, ya sea temporal o permanente, a causa del daño sufrido por el trabajador. La incapacidad laboral es entendida como alguna secuela o consecuencia que disminuya alguna de las funciones o capacidades que tenía esa persona, afectando su capacidad para desarrollar su actividad laboral tal como lo hacía antes del accidente.
La incapacidad, a su vez, será determinada por un equipo médico perteneciente a la ART y se calificará como transitoria o permanente conforme al porcentaje de dicha incapacidad y a su posibilidad de recuperación.
Cada ART deberá liquidar la prestación dineraria que le corresponde al trabajador conforme a las características del caso y a la remuneración que percibía el damnificado en el momento de la interrupción de los servicios.
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